El objetivo del protocolo no es tratar a las personas que sufren violencia en la actualidad (en este caso se debe contactar con los servicios sociales y la policía) sino a las personas que sufren las consecuencias de una historia de violencia sufrida en el pasado. Este protocolo no está definido para un tipo específico de centro o servicio, sino que pretende ser útil en una amplia gama de instituciones que se ocupan de la educación y el cuidado de personas adultas.

Los centros que pueden beneficiarse de este documento incluyen: instituciones de educación de adultos, formales e informales, centros de discapacidad, centros de refugiados y personas sin hogar, servicios de salud mental, etc. Los profesionales y gerentes dentro de estas instituciones deben encontrar de manera integral un método para detectar y manejar la problemática derivada de usuarios con antecedentes de violencia. Este documento no puede sustituir la atención médica, pero puede ayudar a diagnosticar y derivar el tratamiento a profesionales e instituciones especializadas. También pretende ayudar a definir estructuras y esquemas a estas instituciones con el fin de brindar la atención necesaria a estos usuarios o estudiantes. La ausencia de ello puede infligir sufrimiento humano a la persona que sufrió la violencia y puede limitar los logros personales y académicos que esta persona podría potencialmente alcanzar.